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Gobierno renuncia a cualquier acción legal sobre concesión de carretera a Samaná

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El acuerdo al que arribó el Gobierno con las concesionarias de la carretera a Samaná cierra la posibilidad de una acción legal encaminada por el propio Estado en contra del polémico contrato de concesión que se decidió terminar de forma anticipada. Ahora, quedaría del lado del Ministerio Público la iniciativa de investigar si hubo irregularidades penales en el proyecto, observa el abogado Emmanuel Esquea Guerrero.

En el acuerdo firmado el pasado 9 de diciembre, entre el Gobierno y las concesionarias Autopistas del Nordeste y Boulevard Turístico del Atlántico, se indica que las partes se otorgan recíprocamente “total descargo y finiquito legal así como a todos sus funcionarios, socios, accionistas (…), quedando liberadas y renunciando desde hoy y para siempre, de manera recíproca e irrevocable, a cualquier acción, reivindicación, instancia, derecho, reclamación (…), que tengan su origen o sean el resultado” del reciente acuerdo “u originados o relacionados directa o indirectamente con el Contrato de Concesión y la operación del proyecto”.

El presidente Luis Abinader anunció la semana pasada que el Gobierno terminará de forma an- ticipada (para el próximo 22 de diciembre) el contrato de concesión administrativa en régimen de peaje de la carretera a Samaná, que tiene con las citadas empresas hasta el 2038.

El Estado deberá pagar US$410 millones por esta decisión.

 

El contrato de concesión se firmó el 18 de julio de 2001 por el entonces secretario de Obras Públicas, Miguel Vargas Maldonado, durante el gobierno de Hipólito Mejía. De este emanó el pago de un peaje sombra, considerado como “infame” por el presidente Abinader, porque comprometió al Estado a presupuestar un millonario subsidio anual por el déficit en el tránsito vehicular.

La remisión del expediente del contrato al Ministerio Público fue una de las recomendaciones que el abogado Esquea Guerrero le hizo en julio pasado al Gobierno, tras solicitarle un estudio sobre su legalidad y equidad. El jurista concluyó que en este hubo “múltiples violaciones constitucionales y legales”.

Esquea considera como una “decisión sabia” del Gobierno la de negociar el acuerdo con las concesionarias, pues fue de sus recomendaciones económicas.

“Quienes firmaron ese acuerdo fueron el Estado dominicano y la Dirección General de Impuestos Internos y las empresas, pero eso no incluye al Ministerio Público. El Ministerio Público es independiente; el Ministerio Público puede abrir una investigación y determinar que ahí hubo delitos y perseguir a quienes sean los responsables penalmente de eso”, indica. Observa que un ciudadano también podría querellarse.

De investigarse, entiende que se debería comenzar interrogando a quienes firmaron, autorizaron y aprobaron el contrato de concesión. “Todo el que estuvo en esa cadena de decisión debería ser interrogado por el Ministerio Público para determinar si alguien se metió algún tipo de beneficio a su favor”, afirma.

De sus observaciones

En el informe que presentó por escrito al Gobierno, Esquea señaló que en la oferta que presentó Consorcio del Nordeste para participar en la licitación hecha en 1999 para construir la carretera a Samaná, informó que tenía financiamiento con un banco privado.

Indicó que, después de ganar el concurso, solicitó a la entonces Secretaría de Obras Públicas la inclusión en el proyecto de las sociedades Grupo Odinsa, S. A. y Grodco, S.C.A. alegando que ellas financiarían la construcción de la carretera y finalmente, en un documento en julio de 2001, antes de la firma del contrato, dijo que tenía un “crédito aprobado” por un banco extranjero.

“La falsedad de la existencia de esos créditos queda demostrada cuando se suscribió el contrato del 18 de julio de 2001, en el cual la concesionaria no se refirió a uno ni otro de esos financiamientos y más tarde, cuando suscribió el Acta de Acuerdo No. 8, del 11 de enero del 2006, diciendo que ‘la estructura básica de la financiación del proyecto será la emisión por parte de la concesionaria de documentos de deuda privada en el mercado de los Estados Unidos de América’ “, dijo en el reporte.

Esquea aseguró que al informar que tenía un crédito con un banco local y otro extranjero, la concesionaria incurrió en “afirmar una falsa representación de los hechos”.

“El detrimento del Estado Dominicano queda demostrado cuando vemos que en vez de pagar el seis por ciento (6 %) ha venido pagando más del diez por ciento (10 %) sobre sumas de las cuales no tiene control y que ni siquiera se han gastado”, escribió.

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“Todo el que estuvo en esa cadena de decisión debería ser interrogado por el Ministerio Público”.

Emmanuel Esquea Abogado

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