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Los antecedentes que propiciaron la condena de 30 años a «El Chino» Pascual Cordero

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El prontuario del presunto narcotraficante datan de 2007, cuando un tribunal archivó un expediente en su contra por falta de pruebas

Tras varios intentos de evadir la prisión en años anteriores y ocho años de proceso judicial, Jesús Pascual Cordero Martínez, mejor conocido como “El Chino”, tendrá que cumplir 30 años detenido en el centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, de Higüey, acusado de asociación de malhechores, patrocinio de narcotráfico internacional y lavado de activos.

Ayer, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso además el decomiso de los bienes de Cordero, así como también el pago de 200 salarios mínimos por enriquecimiento producto de operaciones relacionadas al tráfico de sustancias controladas.

“El Chino”, quien actualmente cumple una condena de cinco años en Najayo, tiene un extenso prontuario como reincidente en hechos delictivos y violatorios a las leyes dominicanas. Según el Ministerio Público, tiene más de 15 años de operación en el narcotráfico, tiempo en el que se desempeñó como un importador de cocaína procedente de Perú.

Quien además tenía contactos con productores de narcóticos de Colombia y otros países sudamericanos, había establecido su base de acción en el barrio Capotillo de la capital dominicana y es considerado como uno de los principales capos del país.

Arrestos

El más reciente arresto de uno de los hombres más buscados por la Procuraduría General de la República (PGR) fue a mediados de diciembre de 2015, luego de una orden de captura internacional dictada en su contra en octubre del 2014 por supuesta vinculación al narcotráfico y lavado de activos.

Su detención fue efectuada en un centro médico del Distrito Nacional, luego de que El Chino acudiera a tratarse una condición de diabetes. Tras su arresto, Cordero Pascual aseguró que había permanecido prófugo por temor a no sobrevivir en prisión por su condición de salud.

Posteriormente fue condenado junto a una peruana y un cabo de la Policía Nacional en septiembre de 2018 a cinco años de prisión por lavado de activos producto de narcotráfico y por tráfico de armas, por el Tribunal Colegiado de La Altagracia.

Al igual que la nueva sentencia emitida ayer, la de aquella ocasión ordenó que le fueran confiscadas una villa en San Cristóbal valorada en 15 millones de pesos y vehículos de las marcas Lexus, Land Cruiser, Hyundai, Kia e Infiniti. Para entonces, la fortuna de Jesús Pascual Cordero estaba valorada en más de 300 millones de pesos.

Los antecedentes del presunto narcotraficante datan de 2007, cuando un tribunal archivó un expediente en su contra por falta de pruebas.

Su regreso a los tribunales tardó alrededor de cuatro años, aunque en esos tiempos se vio envuelto en otro proceso judicial, acusado de pagar RD $300,000 a dos sicarios para asesinar al exsargento de la Policía, Reynaldo G. de Jesús (Charly).

Para 2011 Cordero Pascual guardaba prisión preventiva en Najayo, acusado de pertenecer a una red de lavado de activos; no obstante, en noviembre de 2012 recuperó su libertad luego de haber sido dispuesta por la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Evelyn Torres.

La felicidad que provoca estar fuera de las rejas le duró muy poco. Una vez liberado de la cárcel del nuevo modelo penitenciario de Higüey, fue arrestado y trasladado hasta el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva acusado en esta ocasión de sobornos.

En 2016 su prisión preventiva fue variada a domiciliaria por problemas de salud, cuando enfrentaba tres juicios simultáneos por la droga peruana, lavado de activos y un soborno al exdirector de prisiones Mario Acosta Santos, aunque por este último el tribunal descargó al servidor público mientras Cordero estaba prófugo.

Modus operandi

La sentencia emitida en 2018 por un tribunal en La Altagracia dice que la red que dirigía el Chino traía la droga desde Perú para comerciarla internamente en República Dominicana.

Asimismo, el producto ilícito era convertido en cocaína líquida en un laboratorio que funcionaba en la villa del Chino en San Cristóbal, según el expediente acusatorio presentado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Los archivos periodísticos de Listín Diario recogen que la organización criminal liderada por El Chino traía droga al país principalmente en pantalones de doble fondo, ocupándosele en una oportunidad ocho pantalones con un total de 32 paquetes, cuyo peso fue de 14.70 kilos.

Fuera de las acusaciones de narcotráfico y lavado de activos, también estuvo vinculado al supuesto pago de 300,000 pesos a dos presuntos sicarios para asesinar al exsargento de Policía Reynaldo González de Jesús (Charly), en el sector Luperón de la capital.

Lavado de activos

La última acusación realizada por los fiscales indica que Cordero Martínez se relacionaba directamente con coimputados para que estos, vinculados en empresas de fachada, le sirvieran para adquirir bienes y servicios, haciendo uso en muchos casos de identidades y documentos falsos.

«Este entramado permitió al imputado agenciar y transferir productos financieros y colocar la titularidad a favor de uno u otro de sus colaboradores. Sin embargo, el uso, disfrute y disposición del bien, y su administración en la mayoría de los casos, se enlazaban con otros miembros de la red, lo que evidenciaba estrategias para impedir que las autoridades determinaran el origen de los fondos y el verdadero propietario», señaló la PGR en un comunicado..

De tal palo, tal astilla

La madrugada del 9 de marzo de 2020, uno de sus hijos fue asesinado de varios balazos mientras se trasladaba en una jeepeta en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Doctor Fernando Arturo Defilló, luego de celebrar su cumpleaños en un club nocturno.

Se trató de Yeri Pascual Cordero Sosa, de 27 años, quien falleció junto a Jassel Kadafi Estepan Lebrón (Real Mustafá). Al menos diez personas fueron acusadas por este hecho, el cual fue descrito como sicariato.

Conforme a la acusación, Manuel Emilio Mesa Beltré “El Gringo”, principal socio de Cordero Pascual, fue quien pagó un millón de pesos por la muerte del joven debido a viejas rencillas que sostenía con el padre de Yeri, a raíz de las muertes de varios conocidos y asuntos relacionados al narcotráfico.

Cordero Sosa habría seguido los pasos de lo que se acusa a su progenitor, siendo apresado en 2012 durante un operativo en Capotillo, donde le incautaron 53 gramos de cocaína y dinero en efectivo.

De acuerdo a datos suministrados entonces por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en las cercanías del barrio Los Humildes, específicamente en la calle 39, “El Chino” y Manuel Emilio Mesa Beltré “El Gringo” supuestamente distribuían narcóticos.

Igual que su fenecido hijo, otros miembros de la familia han tenido conflictos con la ley, como fue el caso en 2011 de su concubina Dorca Altagracia Sosa Mateo, así como también de su hermana Mónica Cordero Martínez, a quien habían acusado de lavar más de cien millones de pesos junto a otros individuos.

 

Maestro de César “El Abusador”

Fue bajo el mando de «El Chino» que se formó el también acusado de narcotráfico César Emilio Peralta “César el Abusador”, quien continúa arrestado en Colombia luedo de una solicitud de extradición emitida por Estados Unidos en 2020.

Tras el apresamiento del Chino, se alega que “El Abusador” asumió sus contactos y se catapultó como uno de los reyes de la droga tanto en República Dominicana como en la zona del Caribe.

«El Chino» también tiene conexiones con importantes cabezas del narcotráfico del país como José Jesús Tapia Pérez, quien fue extraditado hacia los Estados Unidos a finales de 2019.

Imputaciones

El órgano de la persecución penal le atribuye a alias El Chino los delitos de asociación de malhechores, patrocinador de narcotráfico internacional y lavado de activos, sancionados en los artículos 265 y 266 del Código Penal; los artículo 4, 5, 6 y 75, párrafo III, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, y los artículos 3 (literales A, B, C), 4, 5, 7 (literal D), 8 (literal B), 18, 19, 21, 24, 25 y 27 de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves.

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